La Contraloría General de la República (CGR) remitió al Ministerio Público el informe final del examen de correspondencia realizado sobre el patrimonio del presidente de la República, Santiago Peña, concluyendo que no existen inconsistencias entre los ingresos y egresos declarados por el mandatario.
El análisis fue elaborado por la Dirección de Declaraciones Juradas de la Contraloría y evaluó la evolución patrimonial de Peña durante distintos períodos de su trayectoria en el sector público y privado.
Según explicó Armindo Torres, director del área, el estudio determinó que los bienes, inversiones privadas y propiedades del jefe de Estado cuentan con justificación documental y respaldo sobre el origen de los fondos utilizados.
El informe fue remitido a la Fiscalía en medio de cuestionamientos públicos relacionados principalmente con cuentas bancarias del mandatario y la construcción de una residencia en la ciudad de San Bernardino.
De acuerdo con los datos expuestos por la Contraloría, entre 2014 y 2017, período en el que Peña se desempeñó en funciones públicas, su crecimiento patrimonial fue de aproximadamente G. 1.200 millones.
Posteriormente, entre 2017 y 2023, ya vinculado al sector privado, el incremento patrimonial superó los G. 22.000 millones.
La CGR indicó que el crecimiento registrado equivale a un aumento patrimonial del 1.816% en alrededor de seis años, aunque sostuvo que los montos analizados guardan correspondencia con las actividades económicas declaradas por el presidente.
Con la remisión del documento, será el Ministerio Público el encargado de evaluar el contenido del informe dentro del ámbito penal, en caso de considerarlo necesario.
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