La Comisión de Niñez, Familia y Juventud de la Cámara de Senadores, presidida por la legisladora Lizarella Valiente, llevó a cabo una mesa de trabajo institucional para socializar y debatir el proyecto de ley que busca garantizar la protección de niños y adolescentes contra el trabajo infantil peligroso y establecer sanciones penales específicas.
La iniciativa legislativa pretende unificarse con una propuesta técnica que actualmente diseña el Poder Ejecutivo, respondiendo a las observaciones y exigencias formuladas al Estado paraguayo por parte de organismos internacionales en materia de explotación laboral de menores.
La propuesta normativa, que consta de 22 artículos, tiene por objeto estructurar acciones concretas de prevención, detección, atención, sanción y reparación frente a las 26 formas de trabajo infantil peligroso reconocidas en el país, incluyendo de manera taxativa la práctica del criadazgo.
En el ámbito penal, el texto plantea castigos severos que van desde los tres hasta los seis años de pena privativa de libertad para quienes sometan a menores de 18 años a estas actividades de riesgo, marco penal que podría elevarse hasta los diez años de penitenciaría en aquellos casos que presenten agravantes.
Durante el encuentro, representantes del Ministerio de Trabajo señalaron la urgencia de actualizar la legislación nacional para adecuarla a las directrices del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que el esquema sancionatorio actual solo prevé multas de carácter administrativo.
Autoridades del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia expusieron datos del Instituto Nacional de Estadística que revelan que aproximadamente 51.000 niños y adolescentes de entre 10 y 17 años realizan actividades laborales en Paraguay, calificando al criadazgo y al trabajo infantil forzado como expresiones contemporáneas de esclavitud moderna que requieren un abordaje penal definitivo.
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