La Cámara de Senadores postergó nuevamente el tratamiento del proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 279 de la Ley 7609/25 del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026. El plan legislativo, que busca habilitar la cesión de derechos de deuda —mecanismo conocido como factoraje— para saldar los compromisos financieros del Estado con empresas constructoras y farmacéuticas, quedó fuera de debate el último miércoles debido a la falta de cuórum y a la carencia de dictámenes de comisiones.
El aplazamiento se alineó además con una solicitud del propio Ministerio de Economía y Finanzas, que requirió un plazo de una semana para introducir «pequeñas modificaciones» al texto legal.
La dilación en el Congreso Nacional encendió las alarmas en el sector. La Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (CRIPFA) emitió un duro comunicado de urgencia denunciando que el proyecto de ampliación para el Ministerio de Salud lleva tres meses cajoneado en la Comisión de Salud del Senado sin ser tratado por motivos desconocidos.
Desde el gremio empresarial advirtieron que el actual PGN 2026 limita los pagos de la cartera sanitaria de manera exclusiva al código 350 de «medicamentos», lo que excluye por completo el financiamiento de otros servicios críticos contratados por el Estado paraguayo.
De acuerdo con la denuncia de la CRIPFA, la falta de aprobación de esta ley imposibilita el pago de deudas clave como los insumos adquiridos por amparos judiciales, tratamientos de diálisis, el servicio de limpieza de quirófanos y el mantenimiento de equipos de diagnóstico.
Los proveedores alertaron que esta inacción legislativa pone en peligro directo la vida de miles de pacientes con enfermedades catastróficas, compromete la higiene de los centros asistenciales e incrementa la desigualdad en el acceso a la salud pública, al tiempo que amenaza la viabilidad económica de las empresas del rubro.
Por su parte, el titular del MEF, Óscar Lovera, justificó la prórroga argumentando ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto que el Ejecutivo necesita ajustar detalles técnicos, aunque evitó precisar qué modificaciones se plantearán. Tras mantener conversaciones con los parlamentarios a través del senador Natalicio Chase, el ministro de Economía reconoció a los medios de prensa que es inviable la cancelación total de los compromisos pendientes dentro del presupuesto vigente de este año, debido a que la deuda global atrasada con las firmas proveedoras del sector privado supera holgadamente los 1.000 millones de dólares.
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