El economista y asesor financiero Amílcar Ferreira criticó la decisión del Poder Ejecutivo de elevar en un 5% el salario mínimo legal vigente, argumentando que la medida rompe con el criterio técnico que había regido los ajustes salariales durante la última década y genera incertidumbre para el sector empresarial.
En entrevista con Radio 1000, Ferreira señaló que desde la modificación del sistema de reajuste en 2016, los incrementos anuales se realizaban tomando como referencia exclusiva la inflación acumulada de los 12 meses anteriores, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Ese criterio se había convertido en una tradición saludable porque otorgaba previsibilidad a las empresas, que podían incorporar el ajuste salarial dentro de sus presupuestos anuales”, sostuvo.
El analista recordó que la inflación acumulada hasta mayo alcanzó el 2,4%, mientras que el aumento finalmente dispuesto por el Gobierno fue del 5%, es decir, más del doble del índice inflacionario registrado.
A su criterio, la medida incorpora un componente político en una variable que históricamente había sido administrada bajo parámetros técnicos.
“Más que el porcentaje en sí, lo preocupante es el cambio de metodología. Se introduce un criterio político donde antes existía una regla clara y previsible”, afirmó.
Ferreira advirtió que esta situación podría afectar el clima de negocios del país, al generar dudas sobre cuáles serán los parámetros utilizados para futuros reajustes salariales.
“Las empresas ahora se preguntarán qué porcentaje deben considerar en sus presupuestos para el próximo año. ¿Será la inflación, el doble de la inflación o algún otro criterio político? Esa incertidumbre es negativa para la economía”, indicó.
El economista destacó que Paraguay construyó durante las últimas dos décadas una reputación basada en la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y el respeto a reglas previsibles, factores que contribuyeron a posicionar al país entre los más atractivos de la región para la inversión.
En ese contexto, consideró que la modificación del criterio utilizado para fijar el salario mínimo podría debilitar esa percepción de estabilidad.
Asimismo, recordó que el sistema vigente desde 2016 sustituyó el mecanismo anterior, que establecía reajustes únicamente cuando la inflación acumulada alcanzaba el 10%, situación que generalmente ocurría cada tres años.
Según explicó, el esquema actual permitía realizar ajustes más pequeños y frecuentes, facilitando la adaptación tanto de trabajadores como de empleadores.
Por otra parte, Ferreira alertó sobre posibles efectos inflacionarios derivados del incremento salarial, especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas.
“Más del 95% de las empresas paraguayas son pymes. Para muchas de ellas, un aumento de esta magnitud representa un costo significativo que probablemente intentarán trasladar a precios”, señaló.
El especialista también cuestionó el alcance real de la medida en términos de beneficiarios. Indicó que solo alrededor del 8% de la población en edad de trabajar percibe el salario mínimo y recibirá directamente el incremento.
En contraste, sostuvo que el resto de la población podría verse afectada por aumentos indirectos, debido a que numerosos impuestos, tasas, multas y otros conceptos administrativos están referenciados al salario mínimo.
“Hay una gran cantidad de obligaciones expresadas en jornales mínimos que automáticamente aumentan cuando sube el salario mínimo. En ese sentido, la medida también implica una mayor recaudación para el Estado”, explicó.
Finalmente, Ferreira sostuvo que quienes perciben ingresos superiores al salario mínimo no recibirán beneficios directos del reajuste, pero sí podrían enfrentar mayores costos asociados a tributos y otros pagos indexados a ese indicador.
“Es un grupo importante de personas cuyos ingresos no cambian, pero cuyos gastos sí pueden aumentar a partir de esta decisión”, concluyó.
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