El fiscal antidrogas Luis Said imputó a cuatro personas por su presunta participación en hechos de comercialización y tenencia de sustancias estupefacientes, además de asociación criminal, tras una investigación desarrollada en el barrio Tablada Nueva de Asunción.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la difusión de un material audiovisual en YouTube que exponía presuntas actividades ilícitas relacionadas con la venta de drogas en la zona.
Los imputados fueron identificados como Cristofer Junior Holt, Gilberto Emanuel Holt, Mirtha Noemí Cardozo Alfonso y Alejandro Elías Roa Giménez.
En el marco de la investigación, ayer se realizaron varios allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Tablada Nueva, donde los intervinientes incautaron elementos que, según la Fiscalía, vincularían a los sospechosos con la comercialización de sustancias ilícitas.
Durante los procedimientos fueron halladas dosis de clorhidrato de cocaína y cocaína tipo crack, cuyos pesos dieron resultado positivo tras los análisis de campo. Las sustancias fueron encontradas en la barbería perteneciente a Alejandro Roa y en viviendas de los demás imputados.
Además, fueron incautadas balanzas de precisión, materiales utilizados para el fraccionamiento de drogas, como bolsas de polietileno, dinero en efectivo de diferentes denominaciones, teléfonos celulares y dispositivos DVR de cámaras de seguridad.
Los investigadores también incautaron varios vehículos, entre automóviles y motocicletas, que presuntamente habrían sido adquiridos con dinero proveniente de la venta de drogas o utilizados como parte de la logística de las actividades ilícitas.
El Ministerio Público imputó a los cuatro sospechosos por los supuestos hechos de comercialización y tenencia de sustancias estupefacientes, conforme a la Ley 1340/88 y su modificatoria 1881/02, además de asociación criminal, prevista en el artículo 239 del Código Penal.
El fiscal Luis Said solicitó la aplicación de medidas cautelares personales, argumentando la existencia de peligro de fuga, debido a la expectativa de pena que podría alcanzar hasta 22 años y 6 meses de prisión, así como peligro de obstrucción a la investigación.
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