La proyectista de la propuesta, la senadora Lilian Samaniego, confirmó la decisión de postergar tras evaluar los resultados de una reciente audiencia pública en la que participaron jueces, gremios de profesionales del derecho y ciudadanos afectados por las excesivas demoras del sistema judicial actual. La legisladora argumentó que el aplazamiento tiene como único fin abrir un espacio de diálogo que permita construir el mayor consenso posible entre las diferentes organizaciones e instituciones antes de someter la normativa a su estudio.
Samaniego criticó con dureza que sectores detractores hayan bautizado de manera informal a la iniciativa como «divorcio exprés», señalando que dicha denominación se utilizó con la intención de infundir temor y restarle valor legal o seriedad al procedimiento. Aclaró que la propuesta no plantea un debate religioso ni de fe, sino que se enfoca estrictamente en una realidad social que afecta a miles de familias paraguayas que se encuentran separadas de hecho y que, habiendo formado nuevos hogares, no pueden regularizar su situación civil debido a los altos costos y la burocracia del sistema. Según detalló, un proceso de divorcio cuesta actualmente alrededor de 7 millones de guaraníes, una cifra prohibitiva para familias de escasos recursos económicos.
La parlamentaria reveló que tras habilitar canales de comunicación digital recibió miles de testimonios de compatriotas, tanto residentes en Paraguay como en el extranjero, que llevan esperando entre 14 y 21 años para concluir legalmente su vínculo matrimonial debido a la falta de dinero o a las trabas en los juzgados. A partir de las sugerencias recibidas, el proyecto original de modificación de la Ley 45 de 1991 recibirá importantes ajustes técnicos. Entre las innovaciones que se pretenden incorporar se destaca la posibilidad de realizar las audiencias con el juez de forma virtual y la opción de que la intervención de los profesionales abogados sea de carácter opcional, estableciendo además un tope en los aranceles correspondientes para evitar cobros excesivos.
Para el diseño de estas mejoras técnicas, la senadora mencionó que mantiene un contacto fluido con el sector de la Iglesia Católica —específicamente con la Asociación de La Esperanza de Divorciados— y con el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. Según Samaniego, el magistrado se mostró a favor de la iniciativa y sugirió modificaciones para que el juez pueda tomar la ratificación testifical de ambos cónyuges en una sola audiencia, agilizando el dictamen final.
El texto normativo continuará bajo análisis en las comisiones asesoras de Legislación, Equidad y Género, y de la Niñez y la Adolescencia del Senado, con la promesa de la proyectista de reimpulsar su tratamiento en el pleno lo antes posible una vez concluidas las mesas de trabajo.
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