Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere inundaciones y otras situaciones de emergencia en Paraguay, plantean incorporar al Código Penal una figura específica para castigar con mayor severidad los casos de usura cometidos contra personas afectadas por catástrofes o emergencias territoriales.
La propuesta busca evitar que trabajadores y familias en situación de vulnerabilidad sean víctimas de prestamistas que se aprovechan de la necesidad urgente de dinero durante una inundación u otro tipo de desastre.
El especialista en empleo Enrique López Arce explicó que países como Argentina, Chile y Colombia ya analizan o incorporaron figuras legales destinadas a agravar las penas cuando la usura se comete en contextos de emergencia.
En entrevista con Radio 1000, López Arce señaló que la usura ya está prohibida por la Constitución Nacional y contemplada en el artículo 193 del Código Penal, pero sostuvo que Paraguay no cuenta con una figura específica para los casos en que el delito se comete durante una emergencia territorial o nacional.
“Cuando estás en el peor momento, cuando la familia está en una situación de catástrofe, la figura legal nueva que no tenemos en Paraguay se llama usura por emergencia territorial o nacional”, explicó.
Como ejemplo, mencionó el caso de una familia afectada por una inundación que necesita dinero de manera urgente para afrontar los gastos derivados de la emergencia. En esas circunstancias, una persona podría ofrecerle un préstamo con intereses excesivos, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
“Te dice: ‘Yo te doy un millón, vos me tenés que devolver 1.500.000 dentro de un mes o dentro de dos meses’. Ahí ya estamos hablando de un 50% mensual de interés”, ejemplificó.
López Arce sostuvo que este tipo de prácticas pueden generar un fuerte impacto económico en las familias, que terminan destinando gran parte de sus ingresos al pago de intereses.
Según explicó, en países de la región se plantean penas más elevadas para quienes incurran en este tipo de conductas durante situaciones de catástrofe. En Argentina se contemplan propuestas con penas de hasta ocho años, mientras que en Chile y Colombia existen iniciativas que plantean sanciones de hasta 15 años.
“Si la usura ya es aprovecharse de la necesidad, cuando estás en el peor momento es más terrible”, afirmó.
El especialista señaló que ya mantuvo las primeras reuniones en la Cámara de Diputados, específicamente con la diputada Johana Vega, y que actualmente trabaja con un equipo para impulsar la propuesta.
La iniciativa plantea modificar el artículo 193 del Código Penal e incorporar como un tercer supuesto la denominada “usura por emergencia territorial”, estableciendo una sanción agravada para quienes se aprovechen de la necesidad económica de personas afectadas por una emergencia.
López Arce aclaró que todavía no está definido cuál debería ser el aumento de las penas y sostuvo que el tema debe ser analizado con especialistas en derecho penal y mediante una audiencia pública.
“Yo no soy penalista, pero sí me gusta ver el tema de proteger a los trabajadores, en este caso a los ciudadanos, y la competencia leal”, manifestó.
Finalmente, destacó que uno de los objetivos de la propuesta es fortalecer el acceso al crédito formal y promover que las personas recurran a entidades supervisadas por el Banco Central del Paraguay, donde existen mecanismos de protección para los usuarios.
“Impulsar el crédito formal, que la gente entienda que yéndose a una entidad supervisada por el Banco Central tenés la protección y te asegurás de que no se aprovechen de esa necesidad”, concluyó.
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