Foto: La Nación
Un presunto caso de violación de la ley de marcas salpica a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), tras la denuncia de que Derlis Luis Enrique Rivas Acosta habría registrado a su nombre la marca “Sport Fino”, pese a que esta ya pertenecía legalmente a otros empresarios desde hace varios años.
De acuerdo con los antecedentes, el registro fue concedido durante la administración anterior de la institución, lo que permitió a Rivas Acosta operar una red de más de 13 locales comerciales utilizando la denominación, generando supuestamente competencia desleal. El caso incluso derivó en una imputación en su contra.
La actual directora nacional de Propiedad Intelectual, Claudia Lorena Franco, confirmó en entrevista con Radio 1000 que la institución tomó conocimiento del caso a partir de una acción de nulidad presentada el año pasado por el titular original de la marca, Luis María Pastor Gallo.
Según explicó, tras analizar los antecedentes, la Dinapi se allanó a la demanda al constatar que el registro fue concedido pese a la existencia previa de marcas similares registradas a nombre del legítimo propietario.
Franco aclaró que la solicitud cuestionada fue presentada como un eslogan —“Tienda Sport Fino, elegancia de su andar”— y bajo la modalidad de marca mixta, lo que habría generado confusión durante el proceso de evaluación.
No obstante, señaló que la concesión del registro se dio dentro de las facultades del área de marcas, donde pueden existir diferencias de criterio entre examinadores y directores. En ese sentido, indicó que desde el año pasado se implementaron nuevas directrices técnico-jurídicas para unificar criterios y evitar este tipo de situaciones.
La titular de la Dinapi también mencionó que existe una denuncia penal en curso y que el registro otorgado a Rivas Acosta corresponde a la clase 35, vinculada a servicios de comercialización. Esto habría incidido en que, hasta el momento, no se retiren los carteles de los locales, ya que el registro continúa vigente mientras se resuelve el proceso de nulidad.
El caso pone en debate la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad intelectual en el país, aspectos considerados clave para la confianza de los inversores.
Discussion about this post