La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó de su decisión de levantar las medidas cautelares establecidas en 2017 a favor de una adolescente en situación de vulnerabilidad en Paraguay, tras considerar que el Estado ha informado sobre la adopción de medidas tendientes a su implementación.
El caso se refiere al «Asunto Panambi respecto de Paraguay», registrado en 2017, cuando una adolescente que trabajaba en la residencia de una pareja, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, fue ingresada de forma urgente al Hospital Regional de la Ciudad, presuntamente en vista de que fue “obligada a ingerir soda cáustica”.
Según el reporte de la Corte IDH, durante los más de ocho años de tramitación, el Estado informó sobre diversas acciones a favor de la beneficiaria con miras a la implementación de las medidas cautelares, como atención médica especializada para su situación, incluyendo la realización de una intervención quirúrgica (reemplazo esofágico y laparotomía exploradora), acompañamiento psicológico, gestiones para mantener el vínculo de la beneficiaria con sus familiares más cercanos y labores investigativas para dar con los responsables.
En su determinación, la Corte IDH afirma que no se tienen elementos concretos y actuales para continuar sosteniendo que la beneficiaria se encuentre en una situación de vulnerabilidad y de riesgo inminente, que por el contrario, la Comisión entiende que el marco fáctico ha cambiado significativamente, por lo que decide levantar las medidas cautelares a favor de Panambi, en Paraguay.
La Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI), liderada por el vicepresidente Pedro Alliana, celebró con satisfacción este levantamiento de la medida cautelar, expresando su reconocimiento a todas las instituciones del Estado que, a través de una labor coordinada y sostenida, impulsaron las gestiones necesarias y efectivas que hicieron posible este cumplimiento.
«Este resultado reafirma el compromiso de la República del Paraguay con la protección y garantía de los derechos humanos de sus ciudadanos», afirmó el vicepresidente.
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