Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentaron formalmente tres nuevas actas de imputación que amplían la investigación en torno al esquema delictivo conocido como la «mafia de los pagarés».
La fiscal Belinda Bobadilla, en contacto con Radio 1000, explicó que las acciones penales apuntan de forma directa a magistrados, actuarios, ujieres notificadores y abogados del sector privado por la supuesta comisión de los hechos punibles de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Según la hipótesis del Ministerio Público, esta red operó de manera sistemática entre 2022 y 2024 para beneficiar a empresas de cobranzas mediante embargos exprés basados en pagarés, dejando desprotegidos a miles de ciudadanos.
La primera de las nuevas imputaciones se radicó tras una auditoría interna que detectó anomalías en 119 expedientes del Juzgado de Paz de La Catedral, Segundo Turno. La principal procesada en este frente es la exjueza Nathalia Guadalupe Garcete Aquino —quien ya fue removida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)—, junto a los exactuarios Olivia Mosqueda y Pablo Cabrera, la exujier Mariam Ortíz y el oficial de justicia Víctor Hugo Rotela. Asimismo, la Fiscalía procesó a los profesionales del sector privado Édgar Fabián Ayala Melo, Juan Alberto Bogado y César Rubén Bogarin Alen, en representación de la firma CARSA, y a Sun Young Bang, por la firma Plan Urbano S.A., vinculándolos presuntamente con la tramitación de las notificaciones e instrumentos bajo sospecha.
Los otros dos frentes judiciales golpean al Juzgado de Paz de La Encarnación, bajo las causas N.° 133/2025 y N.° 135/2025, ramificaciones clave dentro de la misma estructura de la «mafia de los pagarés». En la primera de ellas se auditaron 25 expedientes vinculados a la firma Global Enterprises Paraguay S.A., imputándose a la jueza titular Carmen Analía Cibils Miñarro (como autora de prevaricato) y a sus actuarios Martina Elsa Rivela Santacruz y Ricardo Ramón Cuevas.
En la segunda causa, surgida tras una revisión masiva de la Corte Suprema de Justicia sobre 654 expedientes relacionados con la firma PH Sociedad Anónima (Tucumán), se sumaron al procesamiento la ujier notificadora Audrey Jazmín Galeano Mora —por certificar notificaciones falsas simultáneas de imposible realización física— y la abogada corporativa Thalia Desiree Benítez Faría, imputada en carácter de instigadora. Debido a que la magistrada Cibils Miñarro se encuentra suspendida, el Ministerio Público ya activó los mecanismos correspondientes para solicitar su desafuero.
Tras la formalización de los escritos, el bloque fiscal solicitó de manera unificada a los Juzgados Penales de Garantías la admisión de los procesos y la notificación inmediata a las partes para dar inicio a la etapa preparatoria.
La Fiscalía requirió un plazo perentorio de dos meses para la presentación de los requerimientos conclusivos definitivos y peticionó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva contempladas en el artículo 245 del Código Procesal Penal.
Entre las restricciones requeridas para asegurar el sometimiento de los imputados se citan la prohibición de salida del país, la obligación de comparecencia mensual ante la magistratura judicial y la fijación de cauciones reales de elevada cuantía económica acordes a la gravedad del perjuicio causado.
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