El Ministerio del Interior resolvió establecer un cuarto intermedio y abrir canales de diálogo con representantes de postulantes, padres y encargados de cursillos privados. La medida se tomó tras la multitudinaria movilización que bloqueó las calles Manduvirá y Chile frente a la sede ministerial, en rechazo a la suspensión del examen de admisión para el periodo 2027.
Tras la reunión, el viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, anunció que elevarán un replanteamiento técnico al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas con la promesa de dar una respuesta definitiva en un plazo de ocho días.
Para explicar la suspensión inicial, Benítez señaló que un diagnóstico de infraestructura realizado durante el último año arrojó que, de las casi 1.200 unidades policiales del país, unas 700 presentan serias deficiencias estructurales. Detalló que alrededor de 200 dependencias requieren una reconstrucción total y otras 500 necesitan refacciones urgentes, situación que obligó al Estado a priorizar y redireccionar los recursos presupuestarios previstos hacia la seguridad física de los establecimientos.
Ante la magnitud del reclamo, el viceministro admitió la necesidad de revisar la medida, afirmando que “el presidente de la República no puede hacer caso omiso a ese reclamo”, en alusión al compromiso asumido por la actual administración.
Los referentes de la manifestación señalaron que la inacción genera severos cuadros de ansiedad en los jóvenes, cuyas familias recurrieron a deudas,venta de bienes y al abandono de otras carreras para costear los cursillos.
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