Un alarmante reporte estadístico presentado por el Observatorio del Ministerio Público encendió las luces de alerta sobre la desprotección que sufre la tercera edad en Paraguay. El estudio, elaborado sobre una muestra de 1.944 causas penales ingresadas entre los años 2023 y 2025 por el hecho punible de violación del deber del cuidado, evidencia una tendencia marcadamente creciente de denuncias, totalizando 558 casos en 2023, 684 en 2024 y trepando a 702 expedientes durante el último año analizado.
El perfil de las víctimas analizado por los peritos judiciales determina que, en promedio, el 89% son personas adultas mayores con una vulnerabilidad extrema. Los datos correspondientes a 2025 reflejan un predominio de víctimas del sexo masculino, concentrándose el impacto principal en la franja etaria de 80 a 89 años de edad. Asimismo, las condiciones de salud del sector afectado agravan el escenario de desamparo: el 95% de los ancianos presenta una imposibilidad absoluta de valerse por sí mismos, mientras que el 55% padece enfermedades graves o de carácter crónico.
En contrapartida, el informe identifica de manera directa a los presuntos agresores. La franja de personas denunciadas oscila mayoritariamente entre los 30 y 44 años de edad (39% de los casos), con una distribución que en 2025 ubicó al sexo femenino con el 51% de las acusaciones.
En cuanto al lazo de parentesco, los hijos e hijas encabezan de forma absoluta la lista de responsables de dejar a sus padres en desuso, seguidos en menor proporción por hermanos, sobrinos y cónyuges. El departamento Central y la ciudad de Asunción lideran las estadísticas geográficas con mayor densidad de denuncias.
Las consecuencias directas de esta negligencia familiar impactan en un severo deterioro físico y psicológico de los afectados, quienes además sufren la privación de recursos económicos básicos para su alimentación y atención médica de urgencia. Desde el punto de vista legal, la violación del deber del cuidado está tipificada en el artículo 227 del Código Penal paraguayo, previendo penas privativas de libertad de hasta tres años o multa para quienes desatiendan a ancianos o discapacitados.
Ante esta realidad, las autoridades recuerdan que la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud mantiene activa su línea telefónica (021) 228-918 para canalizar reportes de abusos en todo el territorio nacional.
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