El tratamiento del proyecto de ley que regula el pago de intereses moratorios acumulados por deudas con las empresas constructoras de obras públicas sufrió un freno en la Cámara de Diputados. Los legisladores determinaron no incluir la propuesta en el orden del día del próximo martes, con el objetivo de aguardar informes oficiales del Poder Ejecutivo y saldar dudas sobre el alcance financiero de la normativa.
La controversia radica en las marcadas diferencias que existen entre la media sanción aprobada por la Cámara de Senadores y las modificaciones que se pretenden introducir en la Cámara de Baja. Según explicó el diputado Hugo Meza, la versión que proviene del Senado carece de límites temporales, no establece un tope de dinero ni especifica qué deudas o qué empresas viales serán las beneficiadas con el pago de los intereses.
Ante este escenario, la Comisión de Presupuesto general de Diputados emitió dos dictámenes distintos. El primero plantea aceptar el documento del Senado tal como vino, de carácter abierto. El segundo dictamen, por el contrario, propone establecer restricciones precisas: fijar un tope máximo de hasta 303.000 millones de guaraníes para el compromiso del Estado paraguayo y establecer que se reconocerán los intereses devengados a partir del año 2018, lo cual abarca inclusive deudas heredadas del gobierno anterior.
«Tenemos muy genérico, muy infinito todo lo que vino del Senado. En Diputados hay un sector que dice ‘vamos a decir desde cuándo es la deuda, de quiénes son estas deudas y hasta cuánto es lo que vamos a endeudar o comprometer al Estado paraguayo otra vez'», manifestó Meza ante los medios de prensa, argumentando que con estas especificaciones se busca evitar el pago por obras inexistentes o que nunca se ejecutaron.
A pesar de la discusión en torno a los controles, el parlamentario aclaró que existe coincidencia en la necesidad de honrar los compromisos comerciales asumidos por el sector público, independientemente del signo político que los haya originado. «Lo que hay que entender es de que el Estado debe hacerse cargo de las deudas. Si hay deudas, no importa que sea del gobierno anterior ni de qué año, tiene que salvarse. La deuda es del Estado paraguayo, no es de un gobierno», enfatizó.
Para destrabar el debate y unificar criterios, la Cámara de Diputados solicitó informes formales al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ambas instituciones deberán remitir sus pareceres técnicos para determinar cuál de las dos herramientas jurídicas resulta más viable para la administración financiera del Estado. El proyecto permanecerá congelado hasta que se reciban dichas contestaciones y se logre construir un consenso.
El diputado Hugo Meza también compartió detalles sobre un encuentro informal de fútbol mantenido con el presidente de la República, Santiago Peña. El legislador bromeó aclarando que durante la actividad deportiva no se analizó el proyecto de las vialeras, sino que la conversación giró en torno al desempeño de la selección nacional de fútbol y las recientes expresiones de la senadora Celeste Amarilla tras un cruce con el futbolista francés Kylian Mbappé.
Respecto a este último punto, Meza consideró de manera particular que el incidente no debió transformarse en una cuestión diplomática de Estado, sino catalogarse como un exabrupto entre personas particulares dentro del contexto deportivo, aun reconociendo que parte de la delegación de la selección paraguaya también sufrió maltratos. Consultado sobre la posibilidad de reflotar un histórico proyecto de ley contra toda forma de discriminación y la xenofobia, el diputado se mostró abierto a analizarlo una vez que tenga acceso al documento para evaluar sus términos actualizados.
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