La abogada Katia R. Guedes denunció públicamente al Ministerio de Salud por poner en riesgo real la vida de su representado, el señor Luis Carlos Ortiz Godoy (62). A través de un comunicado, la profesional alertó que la institución estatal lleva más de dos meses en total inacción, desacatando una sentencia judicial firme que le obliga a entregar de forma inmediata un medicamento oncológico vital para el paciente.
El afectado es un paciente oncohematológico con diagnóstico de Linfoma No Hodgkin de células B grandes difuso que sufrió una recaída tras someterse a un trasplante autólogo de médula ósea. Su médica tratante, la Dra. Laura Morel, prescribió con urgencia el fármaco Glofitamab, indicando que el retraso en el tratamiento representa una amenaza directa contra su supervivencia.
Un fallo judicial ignorado por el Ministerio
En su denuncia, la abogada recordó que el conflicto legal fue resuelto a su favor el pasado 10 de marzo de 2026, cuando el Juzgado Penal de Garantías N.º 9 de Asunción dictó la Sentencia Definitiva N.º 15 en el marco de un amparo constitucional (Causa N.º 380/2026).
Guedes destacó que el magistrado fue tajante al rechazar los argumentos económicos del Estado, citando textualmente el fallo en su reclamo:
«El derecho a la salud no puede limitarse a listados técnicos ni a criterios presupuestarios… ninguna disposición, ya sea reglamentaria o presupuestaria, puede interceder o prohibir el acceso de los ciudadanos a los medicamentos recetados por profesionales de la salud.»
La profesional del derecho enfatizó que la resolución judicial se basó en la protección de la vida y la integridad física (Artículos 4 y 68 de la Constitución Nacional), así como en la Ley N.º 6266/18 de Atención Integral a las Personas con Cáncer, dejando claro que la burocracia no puede estar por encima de la vida humana.
Advertencia de acciones penales contra las autoridades
Ante los más de 60 días de silencio administrativo, Guedes calificó la postura de la cartera sanitaria como una «violación directa del orden constitucional» y responsabilizó directamente a la cúpula del ministerio por las consecuencias físicas que sufra el paciente:
“Hago expresa y públicamente responsables a la señora Ministra de Salud Pública y Bienestar Social y al Estado paraguayo por el deterioro en la salud del señor Luis Carlos Ortiz Godoy, por el sufrimiento innecesario que padece y por las consecuencias irreversibles que el incumplimiento de esta orden judicial pueda acarrear sobre su vida”.
Finalmente, la abogada exigió el cumplimiento inmediato e incondicional de la orden judicial y advirtió de manera tajante que se reserva el derecho de promover acciones legales en el ámbito penal si el Ministerio de Salud continúa ignorando la gravedad del caso.
Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud no han emitido ninguna respuesta oficial.
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