La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González Vester, presentó un respetuoso urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la causa n.° 105/2013 que investiga al exministro del Interior, Rafael Filizzola, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
El requerimiento fiscal busca reactivar de forma inmediata el proceso judicial, el cual se encuentra completamente paralizado desde hace un año debido a una seguidilla de inhibiciones y recusaciones que impiden conformar el Tribunal de Alzada.
El conflicto procesal se originó el 6 de mayo de 2025, cuando el juez penal de garantías, Yoan Paul López, resolvió declarar operada la prescripción de la causa y sobreseer definitivamente a Filizzola durante la audiencia preliminar, atribuyendo una supuesta inacción al Ministerio Público. Ante esto, la fiscal González Vester interpuso un recurso de apelación general el 13 de mayo de 2025, argumentando que el juzgado de primera instancia se apartó de los lineamientos previos del Tribunal de Alzada al dar lugar a un incidente que ya había sido rechazado con anterioridad en el expediente.
Sin embargo, el recurso planteado por la representación fiscal ingresó en un laberinto burocrático que inició el 15 de julio de 2025, cuando el abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos recusó a los camaristas Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, forzando la inhibición de ambos al día siguiente. Posteriormente, el caso recayó en el magistrado Delio Vera Navarro —actualmente jubilado— quien también se inhibió el 1 de septiembre, seguido por una nueva inhibición del juez Camilo Torres el 9 de septiembre, quedando únicamente el magistrado Paublino Escobar en condiciones de integrar el pleno.
Ante la imposibilidad de estructurar el órgano judicial de segunda instancia, el juez Escobar elevó los autos a la Sala Penal de la Corte Suprema el 19 de septiembre de 2025 para que resuelva la competencia de los magistrados.
Con la presentación de este nuevo urgimiento, el Ministerio Público busca que la máxima instancia judicial defina formalmente la integración del Tribunal de Apelación para destrabar la causa y determinar, finalmente, si el sobreseimiento de Rafael Filizzola es jurídicamente válido o si el proceso penal debe continuar su curso.
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