El legislador Diosnel Aguilera se pronunció de forma escéptica sobre la viabilidad de la propuesta que plantea la supresión de los beneficios salariales extraordinarios y bonificaciones, y acusó al oficialismo de impulsar una estrategia meramente discursiva que no tendrá efectos reales en la práctica administrativa.
“Mira, esta es una jugada muy típica del oficialismo. Cuando existen cuestiones que tienen un alto repudio de la ciudadanía, siempre existe un iluminado que presenta un proyecto de ley para cortar este tipo de beneficios que son exagerados en muchos cargos de la función pública”, manifestó el diputado al ser consultado sobre las posibilidades de aprobación.
Según la tesis planteada por Aguilera, la dinámica legislativa de las bancadas mayoritarias opera en doble sentido para neutralizar este tipo de iniciativas de control financiero. “A su vez, ellos mismos hacen el lobby en la otra cámara como para que esto se rechace. Entonces, ellos plantean la solución y a su vez ellos otra vez traban. Yo calculo que esto no va a prosperar, entiendo que el oficialismo acá en la Cámara de Diputados tiene una postura tomada al respecto, de manera que esto va a terminar en la nada, finalmente”, sentenció de manera tajante.
Le recordaron que el texto normativo apunta de forma directa a suprimir los denominados «sobresueldos» de ministros de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Ejecutivo y otros altos mandos. Sin embargo, para el parlamentario Aguilera, la estructura partidaria instalada en las instituciones del Estado ejerce una presión interna insostenible para el gobierno actual debido al calendario electoral vigente en este mes de julio de 2026.
“Fíjate que el tema es que en el 95% cuanto menos, este recorte le afecta a su propia gente, porque la función pública en el Paraguay está minada de colorados, ¿verdad? Y como ellos hoy están enfocados, centrados en sus campañas municipales, esto en cierta medida, electoralmente, va a tener seguramente algún tipo de incidencia para ellos”, argumentó el legislador, vinculando la resistencia al plan presupuestario con las elecciones de octubre próximo.
Por último, el diputado opositor expuso una limitación técnica sustancial respecto a los plazos legislativos y la vigencia real que tendría la ley en caso de ser sancionada, concluyendo que la «fiesta de bonificaciones» tiene los mecanismos para continuar en las entidades del Estado.
“Van a buscar la manera de dejar sin efecto esto, que finalmente era una medida transitoria, porque esto de aprobarse, verdad, ya estamos ahora en julio, mientras corre el trámite legislativo, llega al Poder Ejecutivo, ya vamos a llegar seguramente a agosto, septiembre, y esto rige solamente hasta el 31 de diciembre de este año. Estaríamos recortando por tres meses los beneficios a los funcionarios”, detalló Aguilera. Ante la pregunta final del periodista sobre si la normativa terminará sin cumplirse, el parlamentario concluyó con un categórico: “Yo calculo que no”.
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