La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (Iformalizó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía de turno para que se investigue el presunto hurto de materiales de gran valor de las instalaciones de su Departamento de Administración de Materiales, ubicado sobre las calles Dr. Manuel Peña y Dr. Antonio Bestard de Asunción. La presentación fue radicada por el director jurídico de la previsional, el abogado Pablo José Morínigo Cáceres, bajo el patrocinio de los abogados Paolo Castiñeira Roche y Fabricio Andreotti. El escrito solicita al Ministerio Público indagar la supuesta comisión del hecho punible de hurto, contra quien o quienes resulten responsables de la sustracción.
De acuerdo con el documento técnico, los insumos afectados corresponden a la Licitación Pública Nacional N° 20/2018 para el «Proyecto y Construcción e Interconexión de la Subestación IPS – Hospital Central en 66 kV», adjudicada a la firma Concret Mix S.A. bajo el Contrato N° 338/2019. En agosto de 2025 se procedió al traslado de once bobinas de cable aislado tipo XLPE de 800 mm² al depósito de la previsional, quedando el cargamento bajo la guarda oficial de la institución. En noviembre de ese mismo año se labró un primer inventario integral del material recibido; sin embargo, tras un cambio de autoridades en la Gerencia de Abastecimiento y Logística, se ordenó una segunda verificación en marzo de 2026.
Las alarmas se encendieron el 28 de mayo de 2026, cuando fiscalizadores de obras realizaron una inspección visual preliminar y notaron que cuatro de las once bobinas gigantes que se encontraban en la explanada presentaban cortes visibles y cantidades visiblemente incompletas de material. Ante la irregularidad, se convocó el apoyo técnico de un ingeniero electricista del Hospital Regional de Pilar para realizar una medición precisa. El segundo inventario técnico, finalizado en la primera semana de junio de 2026, confirmó un faltante neto de 111 metros lineales de cable de alta tensión, lo que representa un daño patrimonial directo cuantificado en 83.531.718 guaraníes.
El director jurídico Pablo Morínigo calificó la denuncia como un acto de alta responsabilidad institucional apoyado en un riguroso bibliorato documental de pruebas, asegurando que el caso quedó bajo la dirección de la agente fiscal Hermenegilda Cubilla. Enfatizaron que el IPS cuenta actualmente con 30 auditorías activas ordenadas por la presidencia a cargo del doctor Jorge Brítez, además de la fiscalización de dos equipos del Poder Ejecutivo y siete de la Contraloría General de la República. Las autoridades advirtieron que este hallazgo es solo «la punta del iceberg» de un proceso de saneamiento administrativo que podría desembocar en nuevos sumarios y denuncias penales por equipos médicos abandonados u otras anomalías.
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