Un audio que circula en medios periodísticos expone una supuesta conversación atribuida al senador colorado cartista Javier Zacarías Irún, en la que se aludiría a gestiones para la obtención de un contrato en la Itaipú Binacional a favor de un operador político, en un contexto vinculado a favores electorales en Ciudad del Este.
En la grabación, el legislador habría respondido con frases como “en un segundo te voy a resolver”, ante el reclamo de un dirigente que exigía la concreción de un puesto laboral para un familiar dentro de la entidad binacional. El contenido del audio sugiere un intercambio marcado por pedidos de gestión y referencias a compromisos políticos previos.
El operador político mencionado en la conversación habría reclamado además incumplimientos en promesas relacionadas con apoyos electorales dentro del movimiento oficialista en Alto Paraná, en un diálogo en el que también se hacen referencias a dirigentes y autoridades del entorno político cartista.
En otro pasaje del audio, se escuchan expresiones atribuidas al senador en las que manifiesta su disposición a intervenir en la gestión del pedido, afirmando que se encargaría de “resolver” la situación y colaborar en las gestiones solicitadas.
Posteriormente, se menciona la existencia de un documento vinculado a la contratación de un familiar del operador político en la Itaipú Binacional, con fecha posterior a la supuesta conversación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible relación entre ambos hechos.
Asimismo, en la grabación se alude a reclamos por supuestas deudas económicas pendientes entre las partes, lo que añade otro componente a la controversia.
Consultado por medios de prensa, el senador habría señalado que el material se encuentra “sacado de contexto” y negó haber realizado gestiones irregulares, sosteniendo que se limitó a prometer intermediaciones habituales en el ámbito político. También habría afirmado no manejar decisiones dentro de la Itaipú Binacional.
Sin embargo, posteriormente, ante consultas adicionales, el legislador habría reconocido la existencia de vínculos entre el beneficiario del contrato mencionado y el entorno del operador político, aunque insistió en que no existió gestión directa ni irregularidades en el proceso, atribuyendo el hecho a un trámite administrativo regular.
El caso sigue generando repercusiones en el ámbito político, en medio de cuestionamientos sobre el uso de influencias y la asignación de contratos en instituciones públicas.
Fuente: ABC Color
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