El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N.º 5732, que establece un régimen excepcional y transitorio de regularización de obligaciones laborales ante el Registro Obrero Patronal (REOP), administrado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La medida estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las normativas laborales, promover la formalización del empleo y mejorar la calidad de los registros, beneficiando especialmente a empresas con incumplimientos administrativos.
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, explicó que la iniciativa busca ampliar el acceso al empleo formal. “Apunta a que más paraguayos accedan a empleos formales y a que las empresas cumplan con sus obligaciones, con menos burocracia y evitando que los costos de la formalización recaigan sobre los trabajadores”, afirmó.
Según estimaciones de la cartera laboral, la disposición permitirá regularizar la situación de más de 22.000 empresas y alrededor de 150.000 trabajadores.
Durante el periodo de vigencia, los empleadores podrán ponerse al día con sus obligaciones ante el REOP sin que los retrasos generen multas. Entre los trámites incluidos se encuentran la inscripción de establecimientos —tanto casa matriz como sucursales—, la comunicación de altas y bajas de trabajadores, el registro de licencias, vacaciones y sanciones disciplinarias, así como la notificación de accidentes laborales, enfermedades profesionales, ausencias y preavisos.
Estas disposiciones se enmarcan en lo establecido en el Decreto N.º 1989/2024, orientado a la simplificación administrativa y la digitalización de los procesos laborales.
El decreto también prevé una reducción transitoria de multas ya aplicadas por incumplimientos registrados entre enero de 2020 y la entrada en vigencia de la normativa. En ese sentido, se establece un descuento del 70% para micro y pequeñas empresas —de hasta 30 trabajadores— y del 50% para empleadores en general.
Asimismo, se habilita el pago fraccionado de las multas en hasta 10 cuotas, con una entrega inicial mínima del 20%, lo que busca facilitar la regularización financiera de las empresas.
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que esta medida responde a un enfoque orientado a incentivar el cumplimiento antes que la sanción, promoviendo una cultura de formalización sostenible que garantice la protección de los derechos laborales y condiciones equitativas de competencia.
Finalmente, la institución instó a los empleadores a acogerse a este régimen excepcional, advirtiendo que, una vez vencido el plazo, se avanzará con acciones de cobro judicial de las multas pendientes sin excepción.
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