En el Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, este lunes 18 de mayo, se realizará la reanudación del juicio oral y público por el asesinato e incineración de María Fernanda Benítez Martínez, la joven de 17 años que se encontraba embarazada al momento de su muerte en mayo de 2025. El proceso se retoma bajo la dirección del Tribunal de Sentencia de primera instancia, integrado por los jueces Víctor Vera, Luis Ovelar y Andrea Riquelme.
La audiencia había sido postergada el mes pasado debido a la incomparecencia de una de las abogadas defensoras, lo que generó un profundo malestar en el entorno de la víctima.
La suspensión anterior se dio luego de que el tribunal aceptara un certificado médico por «estrés agudo» presentado por la abogada Tatiana Duarte, representante técnica de la acusada Micaela Rolón Melgarejo (19). Los familiares de la menor fallecida calificaron dicha ausencia como una «simple chicana judicial» orientada a dilatar el proceso y exigieron públicamente mayor celeridad a los magistrados.
Leonardo Benítez, padre de la víctima, remarcó la gravedad del homicidio y enfatizó que el sistema judicial no debe postergar el veredicto definitivo ante un crimen de tal magnitud.
La investigación fiscal señala que el transfondo del crimen estuvo motivado por el rechazo del presunto autor —un adolescente que era expareja de la víctima— al embarazo de al menos cuatro meses que cursaba María Fernanda. El sospechoso supuestamente intentó obligarla a abortar utilizando medicamentos adquiridos de forma irregular. Según la hipótesis del Ministerio Público, tras concretarse el asesinato en la vivienda del menor, el cuerpo de la adolescente fue trasladado en una carretilla hasta un patio baldío cercano, donde posteriormente fue incinerado tras reportarse su desaparición.
El caso, que fue elevado a juicio oral por el juez de Garantías Gustavo Ovelar, mantiene formalmente acusadas a cinco personas. Entre ellas se encuentran los padres del principal sospechoso, quienes enfrentan cargos por simulación de hechos punibles tras presuntamente intentar ocultar el paradero de su hijo y facilitarle un vehículo.
La lista de procesados la completa Franco Antonio Acosta Paredes, propietario de la farmacia que habría provisto las sustancias abortivas a la adolescente.
Fuente: La Tribuna.
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