Los diputados Saúl González (ANR-Central), Jatar Fernández (ANR-Central) y Santiago Benítez (ANR-Amambay) presentaron un proyecto de ley “Que regula la propaganda electoral en redes sociales y plataformas digitales”, con el objetivo de actualizar el marco normativo electoral paraguayo ante el crecimiento de la comunicación política en entornos digitales.
La iniciativa busca adaptar el Código Electoral a la realidad tecnológica actual, considerando el uso masivo de redes sociales durante las campañas, así como fortalecer la transparencia del financiamiento político, la protección de datos personales y la equidad en la contienda electoral.
Los proyectistas sostienen que, el artículo 290 del Código Electoral mantiene una estructura “analógica”, incluso tras su modificación por la Ley N° 7135/2023, al seguir centrado en medios tradicionales como prensa escrita, radio, televisión y propaganda física.
En ese sentido, advierten que, “la plaza pública se ha trasladado al ciberespacio”, señalando que el 47,4 % de los jóvenes electores se informa sobre procesos electorales principalmente a través de redes sociales, lo que genera un vacío legal respecto a la regulación y control de la propaganda digital.
El proyecto también se articula con la Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales, al considerar la afiliación política como un dato sensible. En ese marco, prohíbe el uso de técnicas de segmentación electoral o “microtargeting” basadas en perfiles ideológicos obtenidos sin consentimiento expreso.
Asimismo, advierte sobre el uso del “big data” como herramienta de manipulación electoral mediante el tratamiento indebido de información personal de los votantes.
Cabe mencionar que, la propuesta establece la obligatoriedad de registrar ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) las cuentas oficiales y sitios web utilizados para propaganda política digital, además de exigir que toda publicidad incluya la leyenda “Propaganda Electoral Pagada” e identifique al responsable.
En materia de inteligencia artificial, el proyecto prohíbe el uso de “deepfakes” para suplantar identidades o difundir desinformación electoral, y exige advertencias claras en contenidos generados mediante IA con fines proselitistas.
También incorpora la regulación de la veda electoral en entornos digitales, prohibiendo durante las 48 horas previas a los comicios la difusión, pautaje o mantenimiento de anuncios pagos en redes sociales y plataformas digitales.
Finalmente, la iniciativa prevé mecanismos de cooperación entre el TSJE, el Ministerio Público y plataformas tecnológicas para el acceso a bibliotecas de anuncios y la detección de cuentas que vulneren la integridad electoral.
En caso de ser aprobada, la normativa entraría en vigencia el 1 de enero de 2031 y sería aplicada por primera vez en las elecciones generales y departamentales de 2032. El proyecto fue remitido a comisiones asesoras para su estudio.
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