El Juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, dictó el Auto Interlocutorio N.° 374, mediante el cual ordenó formalmente la apertura a juicio oral y público para un hombre investigado por un perturbador caso de ciberespionaje y pornografía relativa a niños y adolescentes. Con este fallo, el magistrado ratificó la solidez de las evidencias recolectadas durante la etapa preparatoria por la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, y la querella adhesiva.
La agente del Ministerio Público comentó que durante la audiencia se ratificó plenamente en su acusación, argumentando la existencia de un patrón de conducta criminal basado en una vigilancia física y virtual persistente por parte del procesado hacia su expareja.
Un meticuloso esquema de vigilancia y ciberespionaje
De acuerdo con la hipótesis fiscal admitida por el Juzgado, el acusado montó un sofisticado sistema de seguimiento. Tras confeccionar copias de las llaves del automóvil de la víctima sin su autorización, instaló de manera clandestina dispositivos de geolocalización (GPS) y micrófonos ocultos tanto en el filtro de aire como en la valijera del vehículo.
El espionaje no se limitó al entorno físico. La investigación tecnológica determinó que el hombre vulneró de forma ilegítima el teléfono móvil, las cuentas privadas de correo electrónico y las plataformas digitales de la afectada. Desde allí, procedió a la extracción masiva de fotografías, filmaciones e historiales de conversaciones íntimas. El acoso llegó al extremo de colocar cámaras ocultas en la propia habitación de la vivienda de la mujer.
El hallazgo que amplió la causa
A la causa inicial de acceso indebido a sistemas informáticos y espionaje se le sumó una nueva y grave tipificación. Durante los peritajes informáticos realizados a los dispositivos incautados, los peritos detectaron material audiovisual de contenido explícito que involucraba a una adolescente de 17 años en el año 2021. Este hallazgo derivó en la ampliación automática del proceso por pornografía relativa a niños y adolescentes.
Revés para la estrategia de la defensa
Durante la audiencia preliminar, la defensa técnica del investigado desplegó una fuerte estrategia orientada a frenar el avance del caso hacia un juicio público. Para ello, articularon diversos recursos que incluyeron pedidos de:
- Suspensión condicional del procedimiento.
- Sobreseimiento provisional.
- Excepciones de falta de competencia de la unidad fiscal.
- Invalidez probatoria por supuestos excesos en las órdenes de rectificación de datos.
Entre sus argumentos, los abogados defensores alegaron que el delito de pornografía infantil ya se encontraba prescripto y que la Unidad de Delitos Informáticos carecía de competencia material, sosteniendo que el caso debía ser llevado por la Unidad de Trata de Personas. Sin embargo, el juez Yoan Paul López rechazó de manera tajante cada una de las objeciones por considerarlas improcedentes.
El magistrado fundamentó que la delimitación de funciones de las unidades fiscales responde estrictamente a criterios organizativos internos del Ministerio Público, lo cual no resta validez a las actuaciones. Respecto a la supuesta prescripción, el tribunal constató que los plazos legales siguen plenamente vigentes y que la acusación cumple con los requisitos de claridad y precisión que exige el Código Procesal Penal, dejando el escenario listo para el debate ante un Tribunal de Sentencia.
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