La jueza Penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, ratificó la prisión preventiva de Alexis Vidal González (exsecretario del presunto narcotraficante, Sebastián Marset) y Juan Fernando Cañete, ambos imputados por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y a la logística de aeronaves utilizadas para actividades ilícitas.
La imputación fue presentada el 13 de mayo de 2026 por la fiscal Samara Lesme, luego de que el juzgado devolviera previamente los antecedentes para su adecuación.
La investigación se originó a partir del hallazgo de una aeronave Cessna 206 con matrícula boliviana presuntamente falsa, abandonada el 22 de agosto de 2025 en un establecimiento rural de San Estanislao, departamento de San Pedro, tras sufrir desperfectos mecánicos. Según la Fiscalía, la avioneta habría sido utilizada para transportar cargamentos de cocaína desde Bolivia hasta Paraguay.
De acuerdo con la investigación, Alexis Vidal González habría organizado la logística para recuperar la aeronave. Los investigadores sostienen que, pese a encontrarse recluido en la Penitenciaría Nacional de Emboscada, coordinó mediante aplicaciones de mensajería encriptada, como Signal, la contratación de mecánicos, electricistas y pilotos, además de gestionar recursos económicos e insumos para trasladar al personal hasta la pista clandestina.
Por su parte, Juan Fernando Cañete fue imputado por un presunto hecho punible relacionado con armas de fuego, previsto en la Ley N.º 7411/2024. La Fiscalía le atribuye haber participado directamente en el operativo para intentar poner nuevamente en funcionamiento la aeronave, con el apoyo de un guía local.
Durante las audiencias, realizadas de forma telemática el pasado 3 de julio, las defensas solicitaron medidas alternativas a la prisión preventiva.
En el caso de Alexis Vidal González, su abogado pidió un régimen especial de visitas para su esposa e hijos menores, atendiendo a las restricciones vigentes en el módulo 8 de la Penitenciaría de Emboscada.
La defensa de Juan Fernando Cañete, en tanto, cuestionó la imputación relacionada con armas de fuego al sostener que no existen evidencias materiales de una negociación ilícita y que la acusación se basa únicamente en interpretaciones de comunicaciones digitales.
Tras analizar los argumentos de las partes, la jueza Rosarito Montanía rechazó ambos planteamientos al considerar que existen suficientes elementos de sospecha sobre la participación de los imputados en hechos punibles de especial gravedad y que persiste el riesgo de obstrucción de la investigación, por lo que resolvió mantener la prisión preventiva de ambos procesados.
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