La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó una medida drástica ante las constantes trabas en un caso de alto perfil. A través del Auto Interlocutorio Nro. 217, los ministros dispusieron la intervención de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional en la causa seguida a Anderson Oliveira Cardoso y otros por infracción a la Ley de Drogas.
La decisión se originó tras una contienda de competencia entre el Tribunal de Sentencia Nro. 3 de Alto Paraná y el Tribunal Especializado en Crimen Organizado Nro. 2. Los ministros de la máxima instancia calificaron de irregular el hecho de que el tribunal de Alto Paraná se declarara incompetente recién después de 66 días de haber aceptado inicialmente el caso, lo que generó un retraso significativo en el proceso.
Ante este escenario, la ministra María Carolina Llanes Ocampos —con la adhesión de Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera— impulsó la auditoría para determinar responsabilidades. La investigación institucional se centrará en evaluar la adecuación de las actuaciones procesales a los plazos legales de resolución, la posible existencia de dilaciones indebidas en la marcha del juicio y la configuración de un retardo injustificado o un eventual ejercicio abusivo del derecho por parte de los magistrados intervinientes.
Finalmente, la Corte resolvió ratificar la competencia del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado Nro. 2 para que el juicio pueda proseguir de inmediato. Con esta medida, basada en la Ley N° 609/95, la máxima instancia judicial busca sancionar las maniobras dilatorias en casos de delitos complejos y asegurar una justicia eficiente.
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