La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, señaló que el análisis sobre un eventual reajuste del salario mínimo sigue en curso, pero remarcó que lo fundamental es mantener abierta la discusión con todos los sectores involucrados. “Como Ejecutivo no podemos simplemente fijar cifras como ochenta mil o doscientos mil guaraníes; esto requiere negociación, acuerdos y un análisis responsable”, afirmó.
En ese sentido, destacó que el Gobierno apuesta a la construcción de un diálogo social honesto, con una discusión clara y participativa, que permita alcanzar decisiones justas para la ciudadanía. El objetivo principal, explicó, es lograr una recuperación del poder adquisitivo, afectado durante más de una década.
Recalde reconoció que el trabajo del Ejecutivo busca saldar deudas históricas, aunque advirtió que no es posible resolver todas las problemáticas de manera inmediata. Asimismo, indicó que el sector empresarial ha mostrado sensibilidad respecto a la pérdida del poder adquisitivo y que se mantienen conversaciones en torno al salario mínimo.
Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, anunció que a partir del 1 de mayo se prevé una reducción en los precios de más de 150 productos importados considerados sensibles, debido a la baja del dólar.
La ministra Recalde también subrayó una preocupación recurrente en la ciudadanía: cada aumento del salario mínimo suele generar un efecto “arrastre”, encareciendo bienes y servicios indexados a este indicador. Para enfrentar esta situación, el Gobierno propone la desindexación de impuestos, tasas y contribuciones vinculadas al salario mínimo.
Esta iniciativa, que será elevada al Consejo Consultivo Tripartito y posteriormente al Parlamento, plantea la creación de una nueva unidad de medida. De esta forma, los ajustes de precios ya no estarán directamente ligados al salario mínimo, evitando incrementos automáticos cuando este se eleve.
Recalde explicó que, esta medida responde a recomendaciones realizadas desde 2017 por organismos internacionales como la OIT, y que su implementación requiere voluntad política para mitigar el impacto en los precios.
Finalmente, anunció que el proyecto será presentado junto con otra iniciativa orientada a reducir los niveles de embargabilidad de los salarios. Ambas acciones forman parte de un paquete de medidas destinadas a proteger el salario mínimo, considerado un eje central de las demandas ciudadanas.
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